Los MLATs, los procesos de extradición alternativos, el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y la promoción de acuerdos bilaterales son herramientas clave para superar esta barrera y garantizar la persecución de los delincuentes.

Asimismo, la protección de los derechos humanos cobra especial relevancia en este contexto, ya que algunos estados pueden negarse a extraditar si existe el riesgo de que la persona sufra tortura o tratos inhumanos en el país solicitante.

China: Este país no tiene tratado de extradición con España. Si bien ha habido algunos casos en los que China ha entregado a fugitivos a otros países, en normal, es poco probable que extradite a sus ciudadanos o extranjeros que han cometido delitos fuera de su territorio.

La extradición es la entrega de un individuo de un país a otro, con el fin de ser juzgado o cumplir una pena por un delito cometido en el país de origen.

Los tratados de extradición son importantes para combatir el crimen transnacional y garantizar que los delincuentes no queden impunes. Además, son una herramienta para fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia y seguridad.

La extradición es un proceso legal que permite a los países cooperar en la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos graves.

En caso de encontrarse en un país sin tratado de extradición, es recomendable solicitar asesoramiento lawful tanto en España como en el país en el que se encuentra.

El Gobierno colombiano puede solicitar click here la inclusión de los ciudadanos colombianos en la lista de Interpol y trabajar con las autoridades de otros países para asegurar su captura y extradición.

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Estos acuerdos permiten a los Estados cooperar y facilitar la entrega de personas acusadas o condenadas por un delito a la jurisdicción del país solicitante.

Existen diversos motivos por los cuales un país puede decidir no extraditar a una persona, como pueden ser read more la falta de garantías legales en el país solicitante, la posibilidad de que la persona sea condenada a pena de muerte o la protección de sus propios intereses políticos.

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En muchos casos, los países pueden optar por juzgar a los acusados en su propio territorio utilizando su propio sistema legal. Sin embargo, esto puede limitar la capacidad de España para garantizar que los responsables rindan cuentas y enfrenten la justicia.

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